El FUD solicitó que bajen del portal ABC el modelo de desafiliaciones sindicales compulsivas

La Unión de Educadores de Saladillo informa sobre la presentación realizada por el Frente de Unidad Docente en el día de la fecha, al Sr. Director de Cultura y Educación, Lic. Gabriel Sánchez Zinny.

 

Transcripción de la nota:

La ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE ESCUELAS TECNICAS (AMET) representada en este acto por su secretario de Acción Social Claudio Martín Zapata, la FEDERACION DE EDUCADORES BONAERENSES (FEB) representada en este acto por su Presidente Mirta del Carmen Petrocini, el SINDICATO ARGENTINO DE DOCENTES PARTICULARES (SADOP) representado en este acto por su Secretario Acción Social Daniel Crocito, el SINDICATO UNIFICADO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE BUENOS AIRES (SUTEBA) representado en este acto por su Secretario General Roberto Baradel y la UNION DE DOCENTES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES — UDOCBA — representada en este acto por su Secretario General Miguel Ángel Díaz, todos integrantes del FRENTE DE UNIDAD DOCEÑTE, constituyendo domicilio en calle 47 n° 923 Piso 10 Of. 2 de La Plata, nos dirigimos a usted en su carácter de máximo responsable de la Dirección General de Cultura y Educación y decimos:

1.- OBJETO.

Nos presentamos con el objeto de intimar a ese organismo a que se abstenga de publicar en su página Web (o de promover o aconsejar por cualquier otro medio) formularios, modelos de notas o procedimientos dirigidos a obtener la desafinación de los trabajadores docentes de la Asociaciones Sindicales a las que pertenecen.

II.- DENUNCIA CONDUCTA ANTISINDICAL Y PRACTICA DESLEAL.

Tal conducta significa una ilegítima intromisión del Empleador  en la vida interna de las Asociaciones sindicales, prohibida por las Constituciones Nacional (art. 14 bis) y Provincial (art. 39) por la por la ley Nacional 23.551 y por los Convenios 87 (3.2 y 4) de la 0IT, y configurativa de prácticas desleales y antisindicales» (art. 4, 6, 53 incs. b, c y f de la ley 23.551)

Además de afectar la garantía constitucional a la autonomía sindical plasmada en el art. 14 bis de la Const. Nacional y en tratados internacionales de igual jerarquía -vgr. arts 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el art. 22.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de la ONU-; (os arts. 3.2 y 4 del Convenio 87 de la OIT, considerado de jerarquía constitucional por la CSJN en los autos «Asociación de Trabajadores el Estado c/ Ministerio de Trabajo de la Nación» sentencia de fecha 11/11/2008 que ordena a las autoridades públicas a abstenerse de limitar los derechos de las Asociaciones Sindicales a determinar libremente su organización, administración, sus actividades y formular su programa de acción, o a entorpecer o limitar de cualquier modo el ejercicio legal de estos derechos.

A su vez, el art. 6 de la ley 23.551 de manera categórica y análoga establece que «los poderes públicos los empleadores y sus asociaciones … deberán abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales …»

Asimismo, el artículo 53 de la ley nacional 23.551 dice que «serán consideradas prácticas desleales y contrarias a la ética de las relaciones profesionales del trabajo por parte de los empleadores, o en su caso, de las asociaciones profesionales que los represente: […] b) Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo; c) Obstruir, dificultar o impedir la afiliación de los trabajadores a una de las asociaciones por ésta reguladas; […] f Reusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacerlo o provocar dilaciones’ que tiendan a obstruir el proceso de negociación; […].

Hemos constatado que en la página web oficial (ABC) de esa Dirección General de Cultura y Educación, bajo el título «Afiliaciones compulsivas» (http://iwvv.abc.gov.ar/afiliaciones-compulsivas) se propone a los docentes firmar una nota de desafiliación (cuyo modelo publica) para luego presentarla ante las Asociaciones Sindicales. La intimación expuesta más arriba conlleva el deber de retirar inmediatamente de la página web esta publicación.

Este comportamiento ha tenido lugar sin que esa autoridad (que asimismo es Empleador) haya recibido denuncia alguna de parte de un trabajador de la educación afiliado a alguna de las entidades firmantes del presente.

La publicación digital que el Empleador realiza en la página web ABC, no solo es contraria a la ley (porque el Empleador es la contraparte del trabajador en la relación laboral y existe un claro conflicto de intereses) sino que además conlleva un erróneo asesoramiento que perjudica a los docentes.

Esta práctica antisindical que denunciamos se ejercer so pretexto de una supuesta «afiliación compulsiva», la que no es técnicamente una «afiliación» porque falta un elemento esencial que es la «voluntad» del trabajador de afiliarse. En consecuencia, frente a la misma no corresponde iniciar un procedimiento de desafiliación dirigido contra entidades sindicales como propone la Dirección General de Cultura y Educación sino que se debe impugnar la misma por «nulidad», lo que incluye investigar las posibles responsabilidades de la Dirección General de Cultura y Educación como Empleadora en tal irregularidad.

Si la Dirección General de Cultura y Educación quiere realmente evitar y sancionar las «afiliaciones compulsivas» debe empezar por investigarse a ella misma (a sus funcionarios y procedimientos) ya que es difícil ocurran afiliaciones compulsivas sin la acción u omisión culpable del empleador. Pretender dirigir la atención exclusivamente a las Asociaciones sindicales es un modo de no atender a las responsabilidades propias del Empleador y distraer a la comunidad.

Sin perjuicio de lo expuesto, es evidente que la real intención de ese Empleador es promover las desafiliaciones de los docentes cualquiera sea su causa, lo que atenta contra el «desarrollo de la actividad sindical» que es un derecho de rango constitucional. La sindicalización fortalece al trabajador, y el Empleador (justamente por ser contraparte) no querrá Asociaciones Sindicales                que lo controlen en defensa de los intereses de aquellos trabajadores.

Esto surge evidente cuando de la lectura del modelo de nota que propone la Dirección General de Cultura y Educación se observa que en ella no se hace mención a que la causa del pedido de desafinación es “haber  mediado una afiliación compulsiva”. Esa nota promueve la desafiliación cualquiera sea la causa.

Esta no es la primera vez que la Dirección General de Cultura y Educación pretende intervenir en la vida interna de las asociaciones sindicales promoviendo las desafiliaciones, ya lo hizo mediante la Resolución Conjunta SA y SGTyPD 1/17 que pretender reglamentar la ley nacional 23.551 creando un procedimiento para desafiliaciones con intervención del Empleador, «absurdo jurídico» que oportunamente hemos impugnado administrativamente, y que esa Dirección General a la fecha no ha resuelto.

El procedimiento de afiliación y desafiliación es ajeno por ley y por su naturaleza al Empleador.

La defensa de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores docentes corresponden las Asociaciones sindicales (arts. 29 y 31 ley 23.551) y el Empleador (máxime si es el Estado) debe abstenerse de realizar cualquier acción que obstruya o perturbe la actividad de las asociaciones sindicales en ese sentido.

Más grave aún, resulta que esa Dirección General se atribuye mediante su ilegítima conducta un contralor de las afiliaciones para el cual carece absolutamente de facultades. Tal actitud resulta violatoria de la ley de Asociaciones Sindicales —N° 23.551- cuyo art. 58 establece inequívocamente que la autoridad exclusiva en dicha materia es el Ministerio De Trabajo de la Nación. Aún en tal caso con las importantes limitaciones que el propio ordenamiento le impone como la que surge del art. 6 arriba transcripto.

Asimismo cabe cuestionar que en la publicación del portal ABC (en el link arriba indicado) se subraya como un dato «importante” que la Provincia de Buenos Aires ha adherido, mediante ley N° 13.758, al régimen nacional de fa ley N° 23,551. Tal adhesión resulta innecesaria e irrelevante en tanto la Provincia y todos sus organismos de gobierno y todos los empleadores se encuentran obligados al cumplimiento irrestricto de la mencionada ley nacional cuya eficacia deriva de los arts. 28, 31 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional

De no proceder esa Dirección General de Cultura y Educación del modo intimado, retirando de su página web —ABC- su publicación de nota promoviendo la desafinación así como cesando en sus conductas antisindicales, iniciaremos las acciones administrativas y judiciales pertinentes.