Proyecto de resolución del HCD

VISTO el golpe de Estado consumado en el Estado Plurinacional de Bolivia de carácter cívico-militar y la consecuente renuncia del Presidente Evo Morales; y

CONSIDERANDO:

                               Que, el 20 de octubre del corriente año, en elecciones generales, la fórmula presidencial de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera del Movimiento al Socialismo (MAS), alcanzaron el triunfo electoral en primera vuelta;

Que, desconociendo el resultado, fuerzas policiales se acuartelaron y grupos de paramilitares y de civiles opositores iniciaron movilizaciones y actos de violencia contra personas, instituciones y bienes, generando un clima de intolerancia y de ingobernabilidad;

                               Que, frente a estos actos violentos, el Presiente Evo Morales, en ejercicio de sus facultades como Jefe del Estado Plurinacional de Bolivia, denunció ante la comunidad internacional que se inició un golpe de Estado contra la democracia boliviana;

                               Que, el 30 de octubre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, firmaron un acuerdo para que el organismo regional realice una auditoría de la elección;

                               Que, realizada la auditoria, la OEA planteó que el MAS obtuvo el triunfo electoral, reconociendo de esta manera la voluntad popular manifestada en las urnas, pero advirtió, que a su entender “no puede validar una victoria en primera vuelta”, por lo que el día 10 de noviembre Evo Morales acató el informe de la OEA convocando nuevamente a elecciones;

                               Que, el pasado 10 de noviembre el jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas Willimas Kalima “sugirió” en conferencia de Prensa la renuncia del Presidente, generando las condiciones para que se efectúe un golpe de Estado;

                               Que, tras la declaración de las FFAA, el Presidente y su gabinete, bajo evidente presión, presentaron su renuncia, denunciando un golpe de Estado y recalcando que sus dimisiones tenían como objetivo recuperar la paz social y política del país;

                                Que, el respeto y la defensa de los DDHH constituyen la base para la organización y la convivencia ciudadana y de los Pueblos, por lo que las acciones de violencia que persiguen la expulsión de las autoridades legítimamente constituidas, así como la agresión a quienes se manifiestan en defensa de estas resultan políticamente injustificables, además de éticamente reprobables;

                Que, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 3452 del 9 de diciembre de 1975, establece en su Art. 3 que “Ningún Estado permitirá o tolerará tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”,

                Que, la Declaración Universal de DDHH, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948  se propone como “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que, tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos”;

                Que, la misma Declaración en su artículo 21 enuncia que: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos (…) 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

                Que, ante los actos de violencia, atropellos y atentados de los últimos días, resulta necesario exigir el respeto a la integridad física y del patrimonio de todos y cada uno de los miembros del Gobierno, autoridades locales, militantes, líderes sociales y sus familiares, así como de todos aquellos que manifiesten públicamente su apoyo al gobierno de Morales Ayma.

                Que, bajo ninguna condición puede aceptarse que la razón emerja de la violencia, o sectores que hayan eludido las vías institucionales y democráticas para hacerse del poder;

                Que, el golpe de Estado contra el gobierno democrático del Presidente Evo Morales es un antecedente que pone en riesgo la paz social y la debida institucionalidad no solo en ese país el país y sino en la región;

Que, ha habido manifestaciones de repudio ante estos hechos de distintas fuerzas políticas de nuestro país y del mundo que adhieren a los principios de institucionalidad en los que se apoyan los Estados democráticos según la Legislación Internacional;

               Que,  por lo antes expresado, es necesario priorizar y preservar la vida de las bolivianas y los bolivianos, se dé fin a los ataques y las persecuciones y  se encuentre una solución pacífica, basada en el dialogo y en la voluntad de la mayoría del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y de sus legítimas instituciones;

Por lo antes expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana eleva al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento el siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1.      El Honorable Concejo Deliberante de Saladillo expresa su profundo repudio frente al Golpe de Estado perpetrado contra las legítimas autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, Presidente Evo Morales Ayma, Vicepresidente Alvaro García Lineras, y todo su gabinete de ministros, considerándolo una afrenta y una nueva alteración del orden democrático en América Latina.

ARTÍCULO 2.      El Honorable Concejo Deliberante de Saladillo expresa su solidaridad con el pueblo boliviano, esperando sea respetada la voluntad popular expresada en las urnas, y repudia la violencia desatada contra las autoridades de gobierno y el pueblo boliviano.

ARTÍCULO 3.      De forma.