Lissalde impulsa ley de ética pública

El diputado provincial Ricardo Lissalde impulsa la sanción de una Ley de Ética Pública para la provincia de Buenos Aires. La norma afectará a los funcionarios públicos en todos sus niveles y se creará una Comisión compuesta por representantes de los poderes Legislativo y Judicial y de los organismos de la Constitución que se ocupará de velar por su cumplimiento.

En este sentido, el legislador explicó que existe legislación a nivel nacional, que no es aplicable en los territorios provinciales, razón por la cual ya han sancionado normas específicas las provincias de Santa Fé, San Juan, Chubut, Río Negro, Chaco, Jujuy y Santa Cruz.

Asimismo, señaló que el objetivo del proyecto que presentó en la cámara baja bonaerense es “la prevención de la corrupción, la tutela de la ética en el ejercicio de la función pública, y la consolidación de herramientas que permitan transparencia en la gestión de los asuntos públicos”. Al respecto, agregó que “resulta indispensable el dictado de normas de naturaleza local que complementen y regulen tales aspectos, aún cuando su trasgresión no constituya delito”.

Por otra parte, el presidente del bloque Alternativa Peronista, mencionó que la ley “comprende el régimen de Declaraciones Juradas; el conflicto de intereses y el régimen de obsequios”.

Sobre estos aspectos, se establece que “las declaraciones juradas deben contener una nómina detallada de todos los bienes e ingresos, propios del declarante, de su cónyuge o conviviente, y deben ser presentadas dentro de los 45 días de haber asumido el cargo siendo las mismas, de consulta pública”.

También se indica que “un funcionario público no debe tener relación alguna con ninguna empresa con fines de lucro que tenga relación con el Estado, o realice actividades reguladas o controladas por éste”. De la misma manera, “tampoco estará permitido aceptar obsequios o donaciones con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.

Lissalde expresó finalmente que “los funcionarios de la principal provincia del país deben rendir cuenta de sus actos y dar a conocer periódicamente su patrimonio porque la ética en la función pública es un valor que hace a la esencia del orden democrático y republicano de gobierno. Transgredirlos es atentar contra el sistema y su defensa compete a la comunidad toda, en tanto integran el orden jurídico constitucional”.