Mentiras y privilegios

La nota que el periodista Adrián Ventura publicó el martes último en La Nación bajo el título “Ley de medios: cómo podría cambiar la oferta de TV según cuál sea el fallo de la Corte” incurre en un sinnúmero de falsedades, en peligrosa sintonía con el objetivo del Grupo Clarín de engañar y atemorizar a usuarios y trabajadores.

Dice el periodista que la aplicación de la ley 26.522 obligará a los argentinos a no ver más Telenoche o el programa de Jorge Lanata. Es mentira. La aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no obligará a nadie a sacar un programa del aire o a rescindirle el contrato a ningún periodista. Esta norma regula el mercado audiovisual y no interviene en los contenidos de los medios, los cuales son decididos por los licenciatarios. Ventura, Lanata, María Laura Santillán o cualquier periodista empleado en El Trece podrán seguir trabajando allí o en los medios que quieran, sin que ninguna ley se los impida. Y podrán decir lo que se les ocurra, en pleno ejercicio de sus derechos democráticos.

Si la Corte Suprema de Justicia confirma, tal como esperamos, la constitucionalidad de la ley, el Grupo Clarín –al igual que el resto de las empresas que se excede de los límites permitidos– deberá desprenderse de algunas de las licencias que explota. No podrá, por ejemplo, tener en una misma ciudad un servicio de cable y una señal de aire, como ocurre en Capital Federal con Cablevisión y El Trece. Esa es una incompatibilidad que los legisladores y legisladoras de la Nación consideraron razonable, así como en Estados Unidos, por ejemplo, los representantes del pueblo entendieron razonable que un propietario de un medio gráfico no pueda tener un canal de televisión.

De acuerdo con la ley de medios de la democracia, el Grupo Clarín podría conservar El Trece, Radio Mitre, FM 100 y otras siete señales más de radio o televisión que utilizan espectro radioeléctrico. Además, podría explotar sistemas de cable en 24 ciudades del país (más extensiones a localidades con menor población) sin la superposición mencionada en el párrafo anterior y sin excederse del 35 por ciento del mercado. Más adelante, ampliaré sobre estos límites, pero primero la cuestión de la restricción legal a la superposición de señal de aire con sistema de cable en un mismo distrito.

Si aquella corporación empresaria retuviera El Trece, otra firma se haría cargo de la licencia del sistema de televisión por cable que hoy presta Cablevisión en Buenos Aires. Es decir: en ningún caso el cambio de titularidad de una licencia significa que los usuarios se queden sin servicio y sin una oferta cada vez más amplia y plural de señales.

Asimismo, si el Grupo Clarín siguiera administrando Cablevisión en Buenos Aires, sería otro el titular de la licencia de la señal de televisión canal Trece. Y esa empresa elegiría su programación con la misma libertad y las mismas obligaciones que hoy tiene el multimedios Clarín. Ni la Afsca ni ninguna dependencia del Estado tienen ni tendrán ninguna injerencia en los contenidos de las señales de televisión o radio. Siempre son los licenciatarios quienes tienen la decisión acerca de la programación de un canal o de qué señales están en la grilla de un sistema de cable, más allá de los establecidos por ley.

Decir que un canal de aire o de cable podría desaparecer con la aplicación de la ley de la democracia (amén de la utilización alevosa de ese verbo tan doloroso para los argentinos y argentinas) es una afrenta, más que a la verdad, a la inteligencia de los lectores y lectoras de La Nación. Que una licencia deba cambiar de propietario porque el actual posee un número excesivo y condicionante del mercado no significa en absoluto la desaparición de la emisora. La afirmación es tan falsa como lo sería indicar que una autopista dejaría de existir si cambia el concesionario. Sólo la manipulación, el engaño y el temor infundados por el Grupo Clarín justifican que debamos repetir tantas veces lo obvio.