AFSCA: “Buscan liberar a Clarín del cumplimiento de la ley”

AFSCA logoLa Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual rechazó hoy ante el Juzgado Federal n° 2 de Salta la posibilidad de que se conceda una medida cautelar que frene el proceso de adecuación a la ley 26.522. La misma había sido solicitada hace una semana por un diputado nacional macrista de esa provincia, Guillermo Durand Cornejo, quien lo hizo en nombre del Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO), una entidad que preside y que ya ha demostrado acciones conjuntas con el multimedios para frenar la aplicación de la ley. “Resulta clarificador traer a consideración la intervención de CODELCO, quien fuera elegida por el Grupo Clarín SA como amicus curiae para exponer ante la Corte Suprema de Justicia”, señala el escrito de AFSCA al recordar que la entidad que conduce Durand Cornejo fue parte de la estrategia desarrollada por el holding en las audiencias públicas que convocó hace un año el máximo tribunal de la Nación, antes de decidir la constitucionalidad de la ley de medios.

“CODELCO reaparece con una acción judicial que va en contra de los derechos de usuarios y consumidores, y en claro beneficio del hegemónico Grupo Clarín S.A. que opera en el mercado comunicación audiovisual con la ayuda de asociaciones que buscan obtener un rédito político a través de una presentación que resulta funcional al poder económico”, detalla AFSCA en la presentación y agrega: “No parece que fuera una asociación de consumidores quien pretende frenar la aplicación de la ley 26.522 a través de la presentación que firma el diputado aliado al PRO Guillermo Durand Cornejo, sino más bien parece ser el cumplimiento de un pedido expreso del Grupo Clarín quien es el principal beneficiario de la medida cautelar que se pretende. Está claro que no se busca beneficiar ni a usuarios ni a consumidores, sino liberar al Grupo Clarín S.A. del cumplimiento de la ley 26.522 en perjuicio de aquellos que CODELCO dice representar”.

El propio Martín Sabbatella denunció el 1° de agosto la nueva estrategia del multimedios, ejecutada por el diputado salteño, quien ya en diciembre de 2009 y también con el sello de esa entidad consiguió frenar la aplicación de esta ley a través de una medida cautelar dictada por el mismo juez que hoy debe analizar su pedido, Miguel Antonio Medina.

De acuerdo al descargo presentado por AFSCA, CODELCO decide “casualmente” hacer esta solicitud de no innovar “en el momento en que se está desarrollando el proceso de adecuación dispuesto en el artículo 161 de la Ley Nº 26.522 a través de una medida cautelar que suspenda la ejecución y tratamiento de todos los planes de adecuación a la Ley 26.522 presentados por los licenciatarios en virtud de lo dispuesto por el art. 161 de la Ley 26.522 y sus normas reglamentarias. Todo ello, nuevamente, no a favor del colectivo al que dice representar, sino en claro beneficio de las empresas que concentran el mercado audiovisual”.

Más adelante, la presentación de AFSCA subraya la contradicción que podría significar, después del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia, conceder una medida como la impulsada por el diputado macrista Durand Cornejo: “De admitirse la pretensión actoral se consagraría un hecho de notoria gravedad institucional ya que, otra vez, a través de la utilización de uno de los poderes del Estado el “Grupo Clarín” -de la mano de su amicus curiae, CODELCO- obtendría, indirectamente, aquello que no pudo conseguir en el fallo del Máximo Tribunal recaído en la causa en la que se desecharon los cuestionamientos a la constitucionalidad de la Ley en su conjunto y de su procedimiento en particular”.

De acuerdo al escrito de 61 páginas presentado por AFSCA ante el juez federal de Salta, “la jurisprudencia constante del Máximo Tribunal ha dispuesto que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia”. Y señala que una decisión de una instancia judicial ordinaria contraria a la adoptada por la Corte Suprema en este mismo caso “significaría un desconocimiento grave de la autoridad de ese Tribunal, como máxima instancia de control de constitucionalidad”.

Ahora, el juez Medina deberá decidir si concede el insólito pedido del diputado Durand Cornejo o lo rechaza, como solicita el organismo que preside Martín Sabbatella.